La senda hacia una movilidad más sostenible en España toma forma con la futura Ley de Movilidad, recientemente aprobada por el Consejo de Ministros y ahora en camino hacia la revisión parlamentaria. Esta ambiciosa legislación se propone nada menos que convertir la movilidad en un derecho ciudadano, al tiempo que aborda de manera integral problemas cruciales como la contaminación y la congestión urbana.
Uno de los puntos más destacados de esta ley es su enfoque en el fomento del transporte colectivo, especialmente para desplazamientos cotidianos como el trabajo o el traslado de los niños al colegio. Además, la introducción de herramientas digitales para organizar los movimientos de personas y mercancías promete agilizar y optimizar los desplazamientos en las ciudades.
Sin embargo, una de las innovaciones más llamativas es la propuesta de establecer un modelo de bajas emisiones basado en la recuperación del espacio público, dejando a discreción de cada ayuntamiento la implementación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) que trasciendan la mera clasificación ambiental de los vehículos. Esta medida también otorga a las autoridades locales la facultad de introducir peajes urbanos, una iniciativa que ha suscitado un intenso debate público.
2Mas transporte publico de personas y mercancías
La ley también incluye medidas destinadas a impulsar el transporte público y reducir la dependencia de los vehículos privados. Se garantizará la contribución financiera del Estado para la movilidad sostenible en entornos urbanos, priorizando soluciones que fomenten la movilidad activa y el transporte público colectivo.
Una de las propuestas más ambiciosas es el impulso del transporte de mercancías por tren. Se planea aumentar las inversiones en este sector, con el objetivo de alcanzar al menos el 10% de la media de la Unión Europea antes de 2030. Esto se lograría mediante el desarrollo de autopistas ferroviarias, la bonificación de cánones de transporte ferroviario y el lanzamiento de apoyos e incentivos al sector.
