El Gobierno ha remitido de nuevo a las Cortes el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible para su definitiva aprobación. Esta permitirá reducir el elevado coste que provocan las actuales e importantes ineficiencias que tiene el sector del Transporte en España, establecer nuevas exigencias en materia de movilidad a las empresas y abrir la puerta a nuevas tasas como las que habilita a instaurar a los ayuntamientos en las ZBE. Eso sí, los polémicos peajes en las autovías han quedado fuera.
La Ley de Movilidad Sostenible contribuirá a reducir en unos 800 millones de euros anuales las ineficiencias que se producen en gastos relacionados con el transporte, cantidad que permitirá incrementar la productividad de las empresas en un 3%, según los cálculos facilitados por el Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente.
El Consejo de Ministros ha renovado su visto bueno a la Ley de Movilidad Sostenible como punto de partida para reanudar su proceso de tramitación parlamentaria antes de que finalice el presente año 2024, tal y como el Gobierno español se ha comprometido con la Comisión Europea.
Tramitación urgente y aprobación antes de fin de año
La vinculación que la aprobación de la nueva ley tiene para con los fondos económicos de procedencia europea que España recibe es una de las grandes razones por las cuales el Gobierno de Pedro Sánchez remite nuevamente el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, para su tramitación urgente tras quedar su aprobación por las Cortes cercenada de raíz tras la cancelación de legislatura anterior por la convocatoria anticipada de las elecciones generales
“Volvemos a empezar tomando como referencia el mismo texto que ya se tramitó en el Parlamento y que decayó por la convocatoria electoral”, comentó el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente. En su opinión, esta ley es “tremendamente necesaria” y confía en que la misma obtenga un “alto grado de consenso” debió a que en su anterior paso por las Cortes “en su tramitación se atisbaba la posibilidad de alcanzar un gran acuerdo al que hubiera muchas fuerzas políticas que se sumaran”.
La Ley es de gran importancia. El transporte cuenta con una gran importancia tanto desde el punto de vista social, como del económico o medioambiental. El transporte supone el 13 por ciento del gasto que realizan los hogares españoles ,y además proporciona empleo de manera directa a más de 800.000 personas en España. En nuestro país, el transporte también genera el 29 % de las emisiones de CO2 que se producen anualmente.
El mismo texto ya conocido
El texto llegará a las Cortes “tal y como se aprobó la primera vez”, aunque el propio ministro aseguró que la Ley de Movilidad él “la haría de otra manera” dado que “sería más ambicioso, pero la realidad se impone”, alegó refiriéndose al cumplimiento de los plazos acordado con la UE. En todo caso recordó que cualquier cambio en la misma se puede introducir durante el procedimiento parlamentario pese a que “tenemos una realidad parlamentaria ciertamente compleja”.
En todo caso “nos comprometimos —dijo Puente— a que entrara en vigor antes del 31 de diciembre” y por tanto “hay que hacer los deberes”, lo que ahora obliga a tramitarla por el procedimiento de urgencia. Aun así, desde la perspectiva del ministro hay “esperanza en que suscite el consenso que ya se atisbaba y que cuente con el mayor respaldo posible”.
La Ley de Movilidad ya no incluye peajes en las autovías
El Ministro confirmó que el polémico estudio para la implantación de peajes en las autovías españolas ha quedado fuera del texto del anteproyecto de Ley remitido a las Cortes por el Gobierno . Por tanto, el posible pago por uso de las mismas se ha suprimido definitivamente, pese a ser este uno de los puntos comprometidos ante Bruselas para poder tener acceso a los fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE.
A cambio, ahora el Gobierno español se ha comprometido a incrementar las inversiones en materia de transporte de mercancías por ferrocarril que contemplan el “desarrollo de “autopistas ferroviarias”, bonificar los cánones que ADIF cobra a los operadores durante 5 años y lanzar nuevos apoyos e incentivos al sector.
Todo ello con el objetivo de alcanzar para el transporte de mercancías por ferrocarril un 10 % de cuota frente al 4% que actualmente representa en el global.
Abre la puerta a posibles peajes urbanos
Otro aspecto no exento de polémica en el texto de la nueva Ley es que su texto abre la puerta para que las corporaciones locales puedan establecer nuevas tasas a los automovilistas mediante la creación de peajes urbanos para poder acceder a las Zonas de Bajas Emisiones.
En este sentido, el Ministro Puente recordó que la Ley no las establece, pero sí ha recordado que las mismas son un peaje opcional al que si bien la Ley de Movilidad Sostenible no obliga, si que debe proporcionar cobertura legal para que este se pueda llevar a cabo si alguna corporación local estuvier decidida a implantarlo.
Según informo el Ministro, la implantación de las zonas ZBE en las ciudades españolas acumula ya 1.500 millones de euros de inversión. Por ello, Puente lamentó que ayuntamientos como los de Valencia, Logroño, Elche o Valladolid, estén revertiendo actuaciones —como por ejemplo las de los carriles bici— en movilidad sostenible simplemente por cuestiones ideológicas.
En todo caso, Puente recordó que las Zonas de Bajas Emisiones no van en el contenido de esta Ley, sino que corresponden a la de Cambio Climático”.
Negociación colectiva verde y planes de movilidad para empresas
El anteproyecto de Ley remitido a las Cortes para su aprobación también incorpora en su texto por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico la “Negociación Colectiva Verde”, que fuerza a las empresas de màs de 500 trabajadores o con turnos de 250 a establecer planes de transporte sostenible para que sus trabajadores acudan a sus puestos de trabajo.
Esta situación incluye la puesta en marcha en las citadas empresas de medidas concretas en materia de movilidad sostenible que contemplen entre otros aspectos el impulso de la movilidad activa, el transporte colectivo, la movilidad cero emisiones o la adopción de soluciones de movilidad tanto compartida como colaborativa así como el teletrabajo en aquellos casos en los que sea posible su adopción.
Para el Ministro esto no supone problemas. “Las empresas de este tamaño ya están haciendo planes de movilidad sostenible de este tipo desde hace tiempo”. En su opinión ya lo están haciendo “por conveniencia”, y como ejemplo de ello el Ministro puso de ejemplo a los que Renault ya tiene en Valladolid, que además le permiten obtener ahorros fiscales gracias a las medidas introducidas en el mismo.
Uso de coches compartidos, vehículos autónomos, …
El texto de la nueva Ley de Movilidad también regula soluciones innovadoras como el transporte a la demanda, los coches compartidos, el uso temporal de vehículos o la regulación básica del vehículo autónomo, y fomentará la digitalización y la promoción de datos abiertos tanto de administraciones, como de gestores de infraestructura y de operadores públicos y privados´.
También incluye la creación del denominado “Espacio de Datos Integrado de Movilidad” (EDIM) en el que las empresas de transporte, gestores de infraestructuras y administraciones compartirán datos e información clave que permitirá optimizar la toma de decisiones de los distintos actores a la hora de planificar y ejecutar nuevas infraestructuras o la puesta en marcha de nuevos servicios.
E igualmente crea el Sistema Nacional de Movilidad Sostenible, que facilitará la coordinación de todo ello a través de nuevos foros de cooperación entre las disitintas administraciones, como el Foro Administrativo de Movilidad Sostenible, un nuevo órgano consultivo cuya función es la de facilitar la cooperación publico privada a todos los niveles.
