A vueltas con la Ley Uber… En junio de 2022, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, logró aprobar una controvertida ley de transportes que permitía a los VTC (Vehículos de Transporte con Conductor) seguir operando en la región.
Esta normativa desencadenó una serie de reacciones en el sector del taxi y marcó el inicio de un conflicto que aún perdura en Madrid. El desarrollo de un reglamento específico para regular las VTC ha comenzado su tramitación y audiencia pública, pero existen discrepancias fundamentales que han llevado a los taxistas a ponerse en pie de guerra.
2Los VTC también expresan sus preocupaciones
Curiosamente, quienes más se oponen a la limitación de tarifas no son los taxistas, sino las personas del sector de las VTC. Estos actores consideran que la medida podría ser ilegal y han argumentado en contra de ella. Aunque no están en desacuerdo con la necesidad de regulación, su preocupación principal es si dicha regulación es legal. En conversaciones previas con medios de comunicación, las VTC se centraron en la legalidad de estas restricciones, específicamente en la exigencia de que los poseedores de licencias de VTC deban obtener el permiso de conducir VTC, un requerimiento que finalmente fue descartado por la Comunidad de Madrid.
Sin embargo, la Comunidad mantiene otras disposiciones que generan controversia, como la obligación de que las VTC cuenten con el mismo número de conductores que autorizaciones y la exigencia de que, a partir de 2025, uno de cada diez vehículos sea adaptado para la movilidad reducida. Estas medidas, según los pequeños empresarios del sector, podrían beneficiar a las grandes compañías del sector, como Uber y Cabify, y crear desafíos adicionales para los pequeños actores de las VTC.
