El calendario restrictivo de cuatro años finalmente ha llegado a una etapa crucial. Desde el 1 de julio, los vehículos sin etiqueta medioambiental que accedan al municipio de Madrid serán multados con 200 euros. Este cambio pone fin a un período de seis meses de gracia, durante el cual los infractores solo recibían notificaciones informativas. En este tiempo, el Ayuntamiento de Madrid ha enviado 358,661 cartas, lo que equivale a una media de 1,400 accesos indebidos al día. Con las multas ahora en vigor, se espera que esta cifra disminuya drásticamente.
Estas restricciones afectan específicamente a los turismos sin etiqueta medioambiental, conocidos como los vehículos A. Estos son coches matriculados antes de 2006 y vehículos de gasolina anteriores al año 2000, que contaminan significativamente más que los vehículos con etiquetas B, C, o ECO. Sin embargo, los vehículos de mercancías y las motocicletas sin etiquetas están exentos del veto, al igual que los vehículos registrados en Madrid o dados de alta en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) de la ciudad. No obstante, esta exención también tiene fecha de caducidad: a partir del 1 de enero de 2025, la prohibición se aplicará a todos los coches sin etiqueta, sin excepciones.
1Madrid, una ciudad vigilada: cámaras y multas
Para asegurar el cumplimiento de estas nuevas normas, Madrid ha instalado un extenso sistema de vigilancia. Los turismos sin etiqueta solo pueden circular por las circunvalaciones M-40, M-45 y M-50, además de algunas autovías radiales hasta la M-40. El resto de las vías están monitoreadas por más de medio millar de cámaras automatizadas: 257 en la M-30 y el interior de la ciudad, y 207 en el exterior del anillo. Además, 37 semáforos ‘fotorrojo’ están repartidos por toda la urbe.
Este sistema de vigilancia se ha financiado con fondos europeos, específicamente una subvención de 5,7 millones de euros del Plan de Recuperación y Resiliencia para la implementación de zonas de bajas emisiones (ZBE). Estas ZBE son obligatorias en los municipios españoles con más de 50,000 habitantes según lo estipulado por el Real Decreto aprobado en 2022, y son esenciales para combatir las emisiones del tráfico rodado, mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático.
