Hace unos días, hasta siete radares españoles aparecieron destrozados y la DGT todavía sigue buscando a sus autores. Lo que sí ha hecho oficial Tráfico es la cuantía que tendrán que pagar, tanto por la multa en sí como por la reparación de los daños causados. Además, se podrían enfrentar a varios años de cárcel.
En total, los gastos por vandalizar estos siete radares ascienden a casi medio millón de euros. El motivo es que son sistemas muy avanzados y que cuentan con la última tecnología. Para entenderlo, la DGT explica en su página web cómo funcionan, por ejemplo, los radares de tramo. Son sistemas de cámaras que graban de manera continua y miden la velocidad media en un tramo determinado.
Esto implica la existencia de un sistema de reconocimiento de caracteres con un primer equipo al inicio del tramo equipado con una iluminación por láser-leds no visibles para el ojo humano. Al final del tramo, se ubica una segunda cámara idéntica que vuelve a reconocer las matrículas. Si el sistema detecta que se ha rebasado el límite de velocidad, se tramita la denuncia.
2La DGT avisa: también implica pena de cárcel
Pero la multa de casi medio millón de euros no es a lo único a lo que se tendrán que enfrentar los autores. La DGT también recuerda que los delitos contra la seguridad vial también tienen pena de cárcel. Lo indican en el comunicado que han lanzado.
«La vandalización de radares es constitutiva de un delito de daños tipificado en el Código Penal en sus artículos 263 a 267 en los que se contemplan una serie de acciones que provocan un menoscabo en el valor patrimonial de la propiedad ajena y cuyo bien jurídico protegido es el patrimonio», explican.
«Concretamente, el artículo 263.2 establece un tipo agravado del delito de daños que prevé pena de prisión de 1 a 3 años y multa de 12 a 24 meses«, añaden. Esto aplica a las circunstancias en las que «los daños tengan por objetivo impedir el libre ejercicio de la autoridad o se realicen como consecuencia de las acciones ejecutadas por la autoridad en el ejercicio de sus funciones», entre otros aspectos.
Por tanto, la DGT reafirma que estos actos vandálicos, más allá del delito en sí mismo, atentan contra un bien público y afectan directamente a la seguridad vial. Recuerdan que el fin último de los radares que hay instalados en nuestras carreteras no es otro que proteger a los conductores.
