Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) se han convertido en uno de los principales instrumentos para reducir la contaminación urbana en las grandes ciudades, y Madrid no ha sido la excepción. Desde la implementación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible en 2021, las ZBE en la capital española han regulado el acceso a determinadas áreas de la ciudad, restringiendo la circulación de vehículos que no cuentan con la etiqueta ambiental correspondiente.
Sin embargo, una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado un giro inesperado a esta regulación, anulando varios preceptos clave de dicha ordenanza. Esta decisión ha abierto una ventana de oportunidad para que conductores multados puedan recurrir a sus sanciones, y la Asesoría Jurídica del Club Europeo de Automovilistas (CEA) ya ha comenzado a actuar en consecuencia. Pero, ¿cómo funciona exactamente este proceso y cómo se puede recurrir una multa en la ZBE de Madrid tras esta sentencia? Vamos a desglosarlo.
2La anulación de las multas por el Tribunal Superior de Justicia
El pasado mes, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dictó una sentencia que ha sacudido los fundamentos de la regulación de las ZBE. La sentencia anula varios puntos clave de la Ordenanza de Movilidad Sostenible de Madrid, argumentando que no se realizó un informe de impacto económico adecuado antes de su implementación. Este fallo surge a raíz de un recurso presentado por el Grupo Municipal VOX, que puso en tela de juicio la validez de las medidas impuestas.
El tribunal subraya que las restricciones afectan de manera desproporcionada a colectivos vulnerables, como pequeños empresarios y trabajadores autónomos, que no cuentan con los recursos necesarios para adquirir vehículos menos contaminantes. Esto va en contra del «principio de transición justa» recogido en la Ley de Cambio Climático, que exige que cualquier medida ambiental considere su impacto económico y social.
Aunque la sentencia todavía no es firme y el Ayuntamiento de Madrid puede recurrirla, las multas impuestas desde la fecha de esta resolución quedan en un limbo jurídico. Esto significa que los conductores multados tienen una base sólida para recurrir sus sanciones, aunque deben actuar con cautela hasta que la sentencia sea definitiva.
