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El método infalible para recurrir una multa en la ZBE de Madrid tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia

Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) se han convertido en uno de los principales instrumentos para reducir la contaminación urbana en las grandes ciudades, y Madrid no ha sido la excepción. Desde la implementación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible en 2021, las ZBE en la capital española han regulado el acceso a determinadas áreas de la ciudad, restringiendo la circulación de vehículos que no cuentan con la etiqueta ambiental correspondiente.

Sin embargo, una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado un giro inesperado a esta regulación, anulando varios preceptos clave de dicha ordenanza. Esta decisión ha abierto una ventana de oportunidad para que conductores multados puedan recurrir a sus sanciones, y la Asesoría Jurídica del Club Europeo de Automovilistas (CEA) ya ha comenzado a actuar en consecuencia. Pero, ¿cómo funciona exactamente este proceso y cómo se puede recurrir una multa en la ZBE de Madrid tras esta sentencia? Vamos a desglosarlo.

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Iniciativa para recurrir las multas

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Para aquellos conductores que hayan sido multados en las ZBE de Madrid, la estrategia recomendada es clara: recurrir las sanciones con el apoyo de entidades especializadas como el CEA. El proceso puede parecer complicado, pero la asesoría jurídica de esta asociación facilita los trámites necesarios para impugnar la multa. El principal argumento en estos recursos es la nulidad de los preceptos claves de la ordenanza que regulan las ZBE, lo que deja sin sustento legal a las sanciones emitidas bajo esa normativa.

Además, el fallo del TSJM podría tener repercusiones más allá de Madrid. CEA ha señalado que muchas otras ciudades españolas con más de 50.000 habitantes están implementando o planean implementar Zonas de Bajas Emisiones sin haber realizado estudios previos de impacto económico. Esto podría generar una ola de recursos similares en todo el país, lo que reforzaría aún más la necesidad de que las administraciones locales revisen cuidadosamente sus normativas antes de imponer restricciones de este tipo.