El debate sobre la normativa europea, que ha de regular el escenario de emisiones de CO2, afecta directamente a la economía y el sector del automóvil.
Fabricantes, políticos y comerciales, han de ponerse de acuerdo, en lo que parece ser un cambio indiscutible, pero que ha de realizarse de mutuo acuerdo para salvaguardar una industria que conforma un porcentaje dentro del PIB de la Unión Europea, mas que fundamental.
4Una posición contraria y global de los miembros
Los Estados miembro firmantes manifestaron como principales preocupaciones que «cualquier normativa nueva sobre emisiones», como el endurecimiento de los límites de óxido de nitrógeno y monóxido de carbono que entraña la norma Euro 7, desviarían las inversiones necesarias «para alcanzar el objetivo de 2035», que establece el fin de la venta de vehículos de combustión.
Lo cierto es que los principales grupos automovilísticos se han pronunciado, en mayor o menor medida, en contra de Euro 7. Entre sus principales alegaciones destaca que la reducción de emisiones con esta normativa tan solo sería de cuatro puntos porcentuales en comparación con la actual. Una cifra que no mejoraría sustancialmente las emisiones ni la calidad del aire, pero que sí elevaría los costes.
