Definitivamente, no habrá peajes en las autovías españolas a partir de 2024. La medida había sido introducida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a Bruselas en 2021, pero el Gobierno pidió su eliminación en la adenda presentada este verano para activar la segunda fase de los fondos europeos, en la que se recogían modificaciones a las propuestas iniciales.
Después de varios días de negociaciones, la Comisión Europea ha dado el visto bueno, entre otras, a las medidas alternativas planteadas por el Gobierno que, en el caso de los peajes, suponen un alivio para el bolsillo de los conductores españoles y se cambian por propuestas para dar un mayor impulso al transporte de mercancías por ferrocarril.
Este cambio habría sido aceptado porque Bruselas considera que los nuevos planteamientos mantienen la ambición de descarbonización de la UE. Además, también habría influido el hecho de que la Eurocámara ya aprobó este año la reforma del comercio de CO2, que suprime los derechos de emisión gratuitos y crea un apartado independiente para el transporte por carretera y las viviendas, por lo que ya se prevé que estos sectores paguen por sus emisiones de gases de efecto invernadero.
La aceptación de Bruselas de la adenda del Gobierno supone que la Comisión Europea da luz verde a la movilización, de aquí a 2026, de la totalidad de los recursos asignados a España de los fondos Next Generation EU.
La decisión, que tendrá que ser ratificada en el plazo de un mes por el Consejo de Ministros de Finanzas de la UE, moviliza lo que faltaba por completar de los 163.000 millones de euros incluidos en el Plan de Recuperación español. En concreto, el Gobierno espera que nuestro país reciba siete desembolsos y una prefinanciación de unos 1.400 millones de euros asociada al capítulo REPowerEU. En ese sentido, podría recibir entre transferencias y préstamos hasta 25.600 millones de euros en 2024, hasta 44.600 millones en 2025 y hasta 44.300 millones en 2026.
Los peajes se cambian por incentivos para el ferrocarril
El plan aprobado ahora por Bruselas contempla, tal como hacía el anterior, impulsar la descabornización de la movilidad y desincentivar el uso del automóvil. Además, a la apuesta por el ferrocarril para el traslado de mercancías se suma la creación de un «sandbox», una oficina dedicada al transporte y la movilidad, que promueva las normas «dirigidas a facilitar la llegada al mercado de innovaciones en el ámbito de la movilidad y el transporte».
También se incluye reforzar el sistema en materia de planificación e inversión en infraestructuras de transporte, mediante el desarrollo de una metodología coste/beneficio para evaluar las inversiones en infraestructuras de transporte. Esto permitirá, a juicio del Ejecutivo, «la comparación y priorización de las actuaciones previstas desde una perspectiva intermodal, así como la evaluación posterior de las inversiones realizadas». Además, en esta metodología «se prestará especial atención a las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes e incluirá un cálculo de huella de carbono».
Otra de las propuestas que afecta a las carreteras incluidas en la adenda es la puesta en marcha de una estrategia de eficiencia energética en la Red de Carreteras del Estado (RCE) para promover un sistema de gestión inteligente de la iluminación a través de la digitalización, aspirando a reducir en un 50% el consumo energético y contribuyendo a mejorar la seguridad viaria.
Más de 9.000 kilómetros afectados por los peajes
La propuesta del pago por uso de las autovías no solo era una medida bastante impopular sino que generó un gran debate en plena campaña electoral y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegó a comentar que era un «bulo» para luego desdecirse explicando que ya se había pedido a Bruselas (en la adenda) un cambio porque las circunstancias actuales no eran las mismas que en el momento en que se había planteado la medida.
La polémica había saltado en el debate electoral televisado que mantuvieron el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y Pedro Sánchez. Tres días más tarde, el director general de Tráfico, Pere Navarro, afirmaba lo contrario de lo que había dicho al presidente al asegurar que el pago por el uso de las autovías entraría en vigor en 2024 y que esto era una imposición de Bruselas, con lo que el Gobierno tuvo que acabar admitiendo la veracidad de la propuesta.
También desde la Comisión Europea se desmintió al Gobierno. La portavoz económica de la institución, Veerle Nuits, explicó que «El plan de recuperación español, tal como fue propuesto por España, y aprobado por la Comisión, y después por el Consejo, incluye el compromiso de adoptar una ley sobre movilidad sostenible y financiación del transporte para diciembre de 2023. Y lo que entendemos es que el plan español hace referencia a un mecanismo de pago por el uso de las carreteras, que empezará en 2024, siguiendo el compromiso de ‘quien contamina paga’. Y evaluaremos esta medida en la quinta solicitud de pago para España», explicó.
Aunque la medida del pago de peajes en las autovías se quede finalmente aparcada en un cajón, se trata de una iniciativa que se ha barajado en varias ocasiones como forma de financiar los gastos de conservación y mantenimiento de las carreteras que actualmente están incluidos en los Presupuestos Generales del Estado.
La puesta en marcha de los peajes afectaría a más de 9.000 kilómetros de carreteras y, el Ministerio de Transportes barajó la idea de cobrar un céntimo de euro por kilómetro recorrido. Esto supondría que cada automovilista tendría que pagar unos 6,20 euros por ir de Madrid a Barcelona o 3,5 por llegar a la capital valenciana.
