La revolución del patinete eléctrico ha transformado la movilidad urbana en muchas ciudades del mundo. Este vehículo de movilidad personal (VMP) se ha convertido en una opción popular debido a su facilidad de uso, accesibilidad y sostenibilidad. Sin embargo, su creciente presencia en las calles ha llevado a una serie de cambios normativos para garantizar la seguridad vial y la convivencia con otros medios de transporte y peatones.
En los últimos años, las normativas para los patinetes eléctricos han evolucionado significativamente. En muchos países, estos vehículos han sido objeto de una regulación estricta que incluye la obligatoriedad de respetar límites de velocidad, la prohibición de circular por aceras y la necesidad de utilizar elementos de protección, como cascos. Por ejemplo, en España, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha establecido que los patinetes eléctricos no pueden superar los 25 km/h y deben circular por carriles bici o calzadas, nunca por aceras o zonas peatonales. Además, es obligatorio el uso de luces y reflectores en condiciones de baja visibilidad.
3Otros motivos, otros ayuntamientos
En abril, la Policía Local de Cádiz emitió 49 denuncias por infracciones relacionadas con el uso de patinetes eléctricos en la vía pública, siendo la mayoría de ellas por circular en zonas peatonales. Por otro lado, las estadísticas de la Policía Local de Córdoba revelan que, desde enero hasta la primera semana de mayo, se han registrado 116 denuncias a conductores de VMP. Entre las infracciones, destacan 53 denuncias por superar el número de personas autorizadas en un solo patinete, 15 por saltarse un semáforo en rojo, 10 por conducir utilizando el teléfono móvil y dos por usar auriculares mientras se conduce.
Estas cifras ponen de manifiesto no solo el aumento en el control y las sanciones, sino también la importancia de que sean las corporaciones municipales las encargadas de regular el tráfico de los patinetes eléctricos. La conducta de los usuarios de estos vehículos es diversa y refleja una variedad de comportamientos y actitudes hacia la normativa vigente.
Esto evidencia la disparidad de normas y criterios sobre los VMP a nivel nacional, lo que podría requerir una armonización legislativa para garantizar la seguridad y el orden en todas las localidades. La regulación municipal permite adaptarse a las particularidades de cada ciudad, pero también crea un mosaico de reglas que los usuarios deben navegar, subrayando la necesidad de una comprensión y respeto más amplios hacia las leyes locales y nacionales.
