En la lucha por garantizar la seguridad en las carreteras, los radares de velocidad se han convertido en una herramienta fundamental para las autoridades de tráfico en todo el mundo.
Estos dispositivos, diseñados para detectar y sancionar el exceso de velocidad, juegan un papel crucial en la reducción de accidentes y la protección de la vida humana en las vías públicas. En España, la implementación de nuevos límites de velocidad urbana y la introducción de radares para su cumplimiento han sido elementos clave en la búsqueda de un entorno vial más seguro.
Sin embargo, detrás de esta aparente misión de protección se esconden dilemas y controversias, como lo demuestra el caso reciente en el municipio asturiano de Siero.
2Mas de 300 multas al día, por radar
Dos radares móviles fueron desplegados en estas cajas, con la intención de disuadir a los conductores y aumentar la efectividad de la vigilancia, pero la realidad superó las expectativas. En un lapso de apenas dos meses, se registraron alrededor de 15.000 multas en Lugones, con picos diarios de más de 300 sanciones por radar. Esta avalancha de multas no solo sobrepasó la capacidad del servicio postal local para notificarlas a tiempo, sino que también generó una creciente animadversión entre los residentes hacia las autoridades municipales.
La mayoría de las multas impuestas se deben a exceder el límite de velocidad por un margen moderado, con una sanción económica de 100 euros y sin pérdida de puntos en el carné de conducir. Sin embargo, el hecho de que uno de los radares esté calibrado con un margen de error tan ajustado, calibrado a 48 km/h, plantea interrogantes sobre la proporcionalidad de las sanciones. Además, un porcentaje significativo de conductores ha sido penalizado por exceder los 50 km/h, lo que conlleva una multa más elevada y la pérdida de puntos del carné.
