La Dirección General de Tráfico (DGT) tiene una misión clara: mejorar la seguridad en las carreteras y reducir los accidentes, principalmente mediante el control de velocidad. Sin embargo, algunas de las herramientas que utilizan para cumplir esta función, específicamente los radares, están bajo escrutinio por su posible ilegalidad. Este artículo examina los aspectos clave que rodean esta controversia y plantea la pregunta: ¿están algunos de los radares de la DGT violando la ley?
3¿Qué dice la ley?
La normativa es clara: los radares, como cualquier otro equipo en la vía pública, deben estar colocados de manera que no interfieran con otros sistemas de seguridad vial. En este caso, al estar ubicados tan cerca de los guardarraíles, estos radares podrían estar violando las regulaciones de seguridad vial, poniendo en riesgo la vida de los conductores. Esto podría significar que todas las multas emitidas desde estos equipos son nulas, dado que han sido colocadas en contravención a las leyes.
Además, la DGT podría estar enfrentando sanciones severas. Se calcula que por cada radar mal colocado, la institución podría tener que pagar una multa de hasta 15.001 euros, lo que plantea una interesante ironía: los dispositivos que multan a los conductores podrían estar generando nuevas multas, esta vez dirigidas a la propia DGT.
Si se determina que estos radares son ilegales, los conductores multados podrían estar en derecho de reclamar la anulación de las multas impuestas. Esto representa una pequeña victoria para aquellos que consideran que los radares, en algunos casos, están más diseñados para recaudar que para prevenir accidentes. Pero, más allá de la cuestión económica, lo que está en juego es la confianza en las políticas de seguridad vial. Si los radares que deben protegernos están colocados de manera que incrementan el riesgo, es fundamental que se tomen medidas correctivas de inmediato.
