La Dirección General de Tráfico (DGT) tiene una misión clara: mejorar la seguridad en las carreteras y reducir los accidentes, principalmente mediante el control de velocidad. Sin embargo, algunas de las herramientas que utilizan para cumplir esta función, específicamente los radares, están bajo escrutinio por su posible ilegalidad. Este artículo examina los aspectos clave que rodean esta controversia y plantea la pregunta: ¿están algunos de los radares de la DGT violando la ley?
5La confianza en la autoridad en tela de juicio
El caso de los radares ilegales pone en tela de juicio las prácticas de la DGT y su compromiso con la seguridad vial. Si bien los radares son herramientas esenciales para el control de velocidad, su mala ubicación podría estar poniendo en peligro a los conductores y minando la confianza en las autoridades de tráfico. Es hora de revisar estas prácticas y asegurarse de que la DGT cumple con la ley, no solo cuando impone multas, sino también cuando coloca los dispositivos que las generan.
Este es un recordatorio de que la seguridad en las carreteras es una responsabilidad compartida, y cualquier falla en este sistema puede tener consecuencias graves para todos los que utilizamos las vías.