Los radares de la DGT y las cámaras de vigilancia son herramientas fundamentales en la gestión de la seguridad vial. Su función principal es garantizar que los conductores respeten las normas de velocidad y otras regulaciones de tráfico, contribuyendo así a reducir accidentes y salvar vidas.
Sin embargo, en algunos casos, estos dispositivos pueden generar controversia, especialmente cuando no se utilizan para su propósito original, que es mantener un tráfico seguro. Uno de estos casos que ha generado recientemente debate es el de los radares ubicados en el municipio de Maó, que han estado operativos durante casi dos años sin emitir una sola multa.
4El futuro de las sanciones
La tercera y última fase de la iniciativa será la emisión de sanciones, pero el alcalde subraya que «las multas son lo último que interesa, no tenemos ninguna prisa». Está previsto que las sanciones comiencen a imponerse a partir del próximo invierno, aunque no se ha especificado una fecha concreta para su implementación. Esta decisión permite al Ayuntamiento asegurarse de que su sistema esté bien afinado y listo para aplicar multas de manera justa y efectiva.
Además, en el tiempo que falta hasta entonces, aún debe licitarse el contrato para la gestión de recaudación y notificación de sanciones, ya que el propio Consistorio asumirá esta tarea en lugar de depender de la empresa instaladora, como sucedió en 2014. Esta medida tiene como objetivo garantizar un mayor control sobre el proceso de sanciones y la recaudación asociada.
Además, en los próximos días se conocerá el nombramiento del nuevo jefe de la Policía Local, quien deberá ajustar el sistema y decidir la ubicación de la señalización que reforzará la ya existente. Este cambio de liderazgo en el cuerpo policial representa un paso importante en la implementación efectiva de las sanciones.
