El impuesto al diésel que el Gobierno planeaba introducir en abril de 2025 generó gran controversia en el ámbito político y social. Sin embargo, la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados decidió frenar la propuesta, aplazando la subida de 11 céntimos por litro que habría afectado a millones de conductores. Esta decisión deja en suspenso una de las medidas fiscales más relevantes del Ejecutivo, generando dudas sobre el futuro de la reforma tributaria y los compromisos climáticos de España.
4La transición ecológica, en el aire
El impuesto al diésel no solo era una medida fiscal, sino también una estrategia para cumplir con los compromisos climáticos. La Unión Europea exige a España avanzar en su transición ecológica, y penalizar los combustibles fósiles es una parte esencial de esta hoja de ruta.
El rechazo en el Congreso deja en el aire una de las iniciativas clave del Ejecutivo para reducir emisiones. Esto plantea preguntas sobre cómo el Gobierno piensa avanzar en sus objetivos climáticos sin afectar a sectores estratégicos como el transporte.
