El impuesto al diésel que el Gobierno planeaba introducir en abril de 2025 generó gran controversia en el ámbito político y social. Sin embargo, la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados decidió frenar la propuesta, aplazando la subida de 11 céntimos por litro que habría afectado a millones de conductores. Esta decisión deja en suspenso una de las medidas fiscales más relevantes del Ejecutivo, generando dudas sobre el futuro de la reforma tributaria y los compromisos climáticos de España.
6Un respiro temporal para las familias y la economía
El rechazo al incremento del impuesto al diésel también supone un alivio para las familias españolas y pequeños empresarios, que han visto cómo los precios de la energía y los combustibles han fluctuado considerablemente en los últimos años. Con un coste de vida ya elevado, un aumento de 11 céntimos por litro habría significado una carga económica adicional difícil de asumir para muchos hogares.
En el caso de los pequeños empresarios, especialmente aquellos del sector transporte, esta medida habría impactado directamente en sus márgenes de beneficio. “Cualquier subida en el precio del combustible repercute de inmediato en nuestros costes operativos, lo que a su vez afecta los precios que ofrecemos a nuestros clientes”, comentó el representante de una cooperativa de transportistas. Por tanto, el bloqueo en el Congreso permite a estos sectores mantener cierta estabilidad en un momento de incertidumbre económica.
