El escándalo del «dieselgate», que estalló en 2015, sigue teniendo repercusiones en el mercado automovilístico europeo. En aquel entonces, se descubrió que el Grupo Volkswagen y otros fabricantes de automóviles alemanes habían manipulado las pruebas de emisiones de sus vehículos diésel, engañando a los reguladores y consumidores sobre el verdadero nivel de contaminantes que emitían sus coches. A raíz de este escándalo, la Unión Europea implementó nuevas normativas más estrictas para regular las emisiones, y ahora, casi una década después, esas mismas normativas podrían estar a punto de enviar millones de coches diésel al desguace sin previo aviso.
3Un limbo legal para los propietarios
Los propietarios de estos vehículos se encuentran atrapados en un limbo legal. Compraron sus coches sin saber que las emisiones estaban falseadas, confiando en que cumplían con las normativas ambientales vigentes en su momento. Sin embargo, la actualización de las normativas y la aplicación estricta de las mismas podría ahora dejarles con vehículos que no solo son ilegales para conducir, sino que también carecen de valor en el mercado de segunda mano.
La posibilidad de una sentencia judicial en algún país europeo que obligue a la paralización masiva de estos coches añade otra capa de incertidumbre. Los tribunales de justicia podrían, en efecto, dictaminar que estos vehículos no pueden seguir circulando, lo que llevaría a millones de coches diésel directamente al desguace. Esta situación sería devastadora para muchos propietarios, especialmente aquellos que no tienen los recursos para comprar un coche nuevo o reparar el suyo para cumplir con las normativas.
