En el año 2022, los ciudadanos de Barcelona presentaron una demanda conjunta contra el Ayuntamiento de Barcelona, cuestionando la implementación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE)en la ciudad.
Esta medida, diseñada para abordar la creciente preocupación por la calidad del aire y la sostenibilidad ambiental, se encontró con una feroz oposición legal que culminó en una decisión crucial del Tribunal Supremo.
3Impacto y vigencia de la normativa actual
Fuentes municipales habían afirmado que la sentencia del Supremo no modificaba la normativa vigente. La ordenanza de enero de 2023 se mantiene como la base para la regulación de la ZBE en Barcelona. Según estas fuentes, la normativa actual «no está cuestionada», destacando la obligación impuesta por la ley del cambio climático a todos los municipios de más de 50.000 habitantes de contar con una zona de bajas emisiones para preservar la calidad del aire.
El recurso presentado al Tribunal Supremo se basó en varios argumentos, destacando la importancia de las Zonas de Bajas Emisiones para abordar la crisis ambiental y mejorar la calidad del aire en la ciudad. Sin embargo, el Tribunal Supremo, en una decisión unánime, rechazó los recursos de las entidades demandantes y confirmó la sentencia del TSJC.
