En el año 2022, los ciudadanos de Barcelona presentaron una demanda conjunta contra el Ayuntamiento de Barcelona, cuestionando la implementación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE)en la ciudad.
Esta medida, diseñada para abordar la creciente preocupación por la calidad del aire y la sostenibilidad ambiental, se encontró con una feroz oposición legal que culminó en una decisión crucial del Tribunal Supremo.
4La alegría de la sociedad civil en defensa de los derechos
Esta decisión del Tribunal Supremo marca un precedente importante en el ámbito jurídico y ambiental, subrayando la necesidad de equilibrar las medidas medioambientales con los derechos individuales y económicos de los ciudadanos.
Las asociaciones implicadas desempeñaron un papel crucial en este proceso legal. Grupos defensores de los derechos de los ciudadanos y organizaciones ambientales se alinearon con los demandantes, argumentando que las Zonas de Bajas Emisiones no abordaban eficazmente el problema y que existían alternativas más equitativas.
