La permisividad que otorgó la Ley de Cambio Climático para los ayuntamientos que, estando obligados, no crearan zonas de bajas emisiones (ZBE) con restricciones del tráfico tiene visos de acabarse. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha avanzado en una de sus últimas intervenciones «penalizaciones» para los alcaldes que no avancen -o retrocedan- en movilidad sostenible, que previsiblemente irán más allá del perjuicio que supondrá que a finales de este año tengan que devolver los fondos europeos que recibieron para crear zonas de bajas emisiones, carriles bicis o peatonalizar calles. Pero ojo, también habrá «premios» para las ciudades cumplidoras.
En un mundo en el que la preocupación por el cambio climático y la necesidad de adoptar medidas más sostenibles es cada vez más apremiante, las acciones de los gobiernos locales en materia de movilidad son cruciales. Puente dicta un cambio de enfoque: «Vamos a premiar a aquellos municipios que hagan un trabajo en pro de la movilidad sostenible y aquellos que no los vamos a penalizar, es la única manera de hacerlo». Sin embargo, queda por concretar la manera y la vía para llevar a cabo estas medidas.
3Ayudas para seguir avanzando
El ministro Puente no solo habla de penalizaciones, sino que también ofrece un camino para aquellos municipios que deseen ir más allá en términos de innovación en movilidad sostenible. La propuesta incluye una «política de incentivos» y la posibilidad de establecer un rating que destaque a las ciudades que lideren en estas iniciativas. La idea es convertir el transporte público en una opción prioritaria, mejorando la frecuencia y el confort para fomentar su uso.
Estas ayudas podrían destinarse a la compra de material e infraestructuras que impulsen la movilidad sostenible. El compromiso del Gobierno es claro: poner el transporte público entre las prioridades de las ciudades y lograr que sea la primera opción para los ciudadanos al moverse.
