La permisividad que otorgó la Ley de Cambio Climático para los ayuntamientos que, estando obligados, no crearan zonas de bajas emisiones (ZBE) con restricciones del tráfico tiene visos de acabarse. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha avanzado en una de sus últimas intervenciones «penalizaciones» para los alcaldes que no avancen -o retrocedan- en movilidad sostenible, que previsiblemente irán más allá del perjuicio que supondrá que a finales de este año tengan que devolver los fondos europeos que recibieron para crear zonas de bajas emisiones, carriles bicis o peatonalizar calles. Pero ojo, también habrá «premios» para las ciudades cumplidoras.
En un mundo en el que la preocupación por el cambio climático y la necesidad de adoptar medidas más sostenibles es cada vez más apremiante, las acciones de los gobiernos locales en materia de movilidad son cruciales. Puente dicta un cambio de enfoque: «Vamos a premiar a aquellos municipios que hagan un trabajo en pro de la movilidad sostenible y aquellos que no los vamos a penalizar, es la única manera de hacerlo». Sin embargo, queda por concretar la manera y la vía para llevar a cabo estas medidas.
4A riesgo de devolver 1.500 millones
Al abordar la herencia recibida en el Ministerio en diciembre pasado, Puente resalta la transformación del tráfico y del transporte público como uno de los principales desafíos. La Ley de Cambio Climático obligó a los municipios con más de 50.000 habitantes a establecer Zonas de Tráfico Restringido para favorecer el transporte público y opciones más sostenibles. Para financiar estas acciones, se asignaron 1.500 millones entre 2021 y 2022 a centenares de ayuntamientos.
La temporalidad y coerción de este reparto de fondos establece un límite claro: si las obras no están completas a finales de 2024, deberán devolverse a Bruselas. La falta de un régimen sancionador en la ley original plantea ahora un riesgo real de tener que devolver fondos europeos, lo cual no solo afectaría a los ayuntamientos directamente involucrados sino que también impactaría en la recepción de futuros fondos del Fondo de Recuperación de la UE.
