Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en España han sido un tema controvertido desde su implementación. Diseñadas para mejorar la calidad del aire en ciudades de más de 50.000 habitantes y poblaciones de más de 20.000 con problemas de contaminación, estas zonas han enfrentado significativos obstáculos judiciales. Recientemente, varias ZBE han sido anuladas por los tribunales, lo que obliga a devolver millones de euros en multas. En este artículo, exploramos la situación actuales de las Zonas de Bajas Emisiones y las implicaciones de estas anulaciones para los ciudadanos sancionados.
1Las sentencias judiciales contra las ZBE
Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) ya deberían estar operativas en más de 150 ciudades españolas, especialmente en aquellas con más de 50.000 habitantes. Sin embargo, solo el 40% de estas urbes ha logrado implementar las ZBE. Las recientes sentencias judiciales han agravado la situación, anulando varias de estas zonas debido a problemas con la legislación y la señalización.
La Ley de Cambio Climático estableció el marco para las ZBE, pero dejó a los ayuntamientos la responsabilidad de su implementación. Estos debían definir las áreas protegidas y las restricciones vehiculares. Sin embargo, la falta de uniformidad y errores en la aplicación han llevado a numerosas anulaciones judiciales, afectando a ciudades como, entre otras, Barcelona y Madrid.
