La operativa de este tipo de controles, en principio, es muy sencilla. Una vez detenido el vehículo, los agentes encargados de la vigilancia del tráfico procederán a verificar el grado de impregnación alcohólica, mediante el correspondiente etilómetro que medirá el aire espirado. Si una primera prueba fuese positiva, como mínimo, transcurridos 10 minutos, se practicará una segunda prueba de iguales características.

Y, si esta última confirmase el resultado positivo, se podría solicitar en ese momento contrastar los resultados obtenidos mediante análisis de sangre, orina u otros análogos, que el personal facultativo del centro médico al que sea trasladado estime más adecuados. En este sentido hay que dejar muy clara esa solicitud puesto que se firmará una diligencia al respecto, que recogerá si el conductor solicitó o no el citado análisis, y, evidentemente, si consta la firma y no se solicitó la prueba, no se podrá, con posterioridad, alegar que no se le había ofrecido o que no se había llevado a cabo el  análisis que se había solicitado correctamente.

Es importante destacar que si el conductor se negase a realizar las dos primeras pruebas indicando que sólo desea el análisis de sangre, estaría cometiendo otra infracción por negarse a realizar las pruebas de detección alcohólica que podría, incluso, ser catalogada como un delito penal.